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Desde el 18 de octubre del año en curso, los venezolanos que ingresen a Estados Unidos con visa B1 o B2, así como aquellos que solicitaron asilo político, pueden ser sometidos a una exhaustiva investigación por parte de los oficiales de inmigración. Esto incluye pedir claves de acceso a celulares y laptops para investigar los contenidos de sus redes sociales.
Estas normas no están dirigidas únicamente a los funcionarios venezolanos que han infringido las normas o violentado los derechos humanos, sino también al ciudadano de a pie que viaja a los Estados Unidos por placer o negocio.
Por otro lado, en la publicación de dichas regulaciones se menciona que el gobierno venezolano no aporta información sobre si una persona representa una amenaza para la seguridad de la nación, razón por la cual, no puede determinarse con exactitud quiénes son los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que viajan con visa B1 y B2.
Según la presidenta de la Asociación de Madres y Mujeres Venezolanas en el Exterior (Amavez), Helene Villalonga, los venezolanos tienen la costumbre de utilizar las redes sociales como “avisos clasificados” para informar de su llegada al país anglosajón y así pedir ayuda para encontrar trabajo.
“Al colocar eso la persona está incursa en un delito, porque si usted está recién llegado, tiene una visa de turista y aunque haya presentado un caso de asilo político, hasta que no tenga el permiso de trabajo laminado que lo autorice el Departamento de Seguridad de Estado, usted no tiene que publicar sus servicios ni utilizar las redes sociales para hacer propaganda. Está violando la ley”, aseguró.
Solución a la crisis
Por otro lado, el congresista republicano del sur de la Florida, Carlos Curbelo, ha propuesto la Ley de Asistencia a los Refugiados Venezolanos o H.R. 3744, la cual ayudaría a todas las personas que han llegado antes del primero de enero del 2013; siempre que no tengan antecedentes delictivos y que no hayan participado en actos de represión.
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“Hay que reconocer que los venezolanos han sufrido mucho durante las últimas dos décadas por el régimen de los Castro, Chávez y Maduro”, dijo Curbelo. “Ellos no pueden regresar a Venezuela donde serían víctimas de la persecución y la opresión. Esta ley permitirá que estas personas se puedan incorporar a nuestra comunidad y aportar a este gran país”, aseguró.
No hay una cifra exacta de cuántas personas se beneficiarían con esta ley, pero se estima que sean alrededor de 90 mil venezolanos.
